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Trabajadores extranjeros en el aeropuerto británico de Heathrow. Fotografía por Danny Howard (CC 2.0 via Wikimedia Commons).

Desde principios de este año, son varios los estados europeos que han aplicado o estudian aplicar recortes de las prestaciones sociales a los trabajadores extranjeros con motivo del levantamiento de las restricciones de movimiento a búlgaros y rumanos. Los ciudadanos de ambos países pasaban a ser ciudadanos de pleno derecho de la Unión el pasado 1 de enero, siete años después de su incorporación a la UE. 

07/05/2014 | Londres / Madrid | Público | Diásporas / Ferran Barber 
¿Cuál es la situación en estos momentos? De una parte, la Comisión europea mantiene formalmente que la libertad de movimiento es una de las piedras angulares de la UE y anima a los trabajadores intracomunitarios a desplazarse en busca de empleo y de otra, son muchos los partidos conservadores y de extrema derecha que han puesto de moda el término “migración de bienestar” y se obstinan en criminalizar al extranjero y culparlo de buena parte de sus males domésticos. 

Lo que esencialmente sugieren es que existen ejércitos de ociosos en los países pobres que viajan a los Estados más opulentos para vampirizar sus Estados del Bienestar y aprovecharse del sistema. Este debate sobre la migración de bienestar es especialmente popular en Gran Bretaña y Alemania. En 2004, cuando Polonia y otros países se unieron a la UE, los economistas predijeron que entre 5.000 y 13.000 ciudadanos del Este de Europa se trasladarían al Reino Unido gracias a su recién estrenada libertad de movimiento. Finalmente, fueron más de un millón de europeos orientales quienes viajaron a Gran Bretaña. 

De acuerdo al censo británico de 2011, 521.000 polacos habían establecido su residencia en la isla. Aunque los estudios económicos confirmaban que esta afluencia humana había tenido esencialmente resultados positivos, esta llegada en avalancha de europeos alimentó un clima social hostil al extranjero que en buena medida contribuyó a la derrota del Gobierno laborista en 2010. La formación conservadora que ganó las elecciones de 2010 se comprometió a reducir la migración neta a Gran Bretaña de cientos de miles de personas a menos de 100.000 en 2015. 


Tanto el gobierno búlgaro como el rumano estimulan la emigración a países más ricos de la eurozona para hacer frente a sus problemas económicos internos. Los informes sugieren que, dado que la mayoría de estos emigrantes son jóvenes y en edad laboral activa, suelen traer más beneficios que problemas. Es decir, pagan más en impuestos de lo que reciben en beneficios sociales. 

A pesar de ello, los medios de comunicación británicos han venido haciendo hincapié en la idea del “saqueo” de su sistema de protección social. Se ha mencionado, por ejemplo, que más de 40.000 niños que viven fuera del Reino Unido, entre ellos 25.000 polacos, recibieron prestaciones infantiles por valor de hasta veinte libras por semana en diciembre de 2013. 

En respuesta a ello, el gobierno británico ha eliminado el subsidio de desempleo que los emigrantes intracomunitarios venían percibiendo durante sus tres primeros meses de estancia en el país. Un debate público semejante se ha producido en Alemania, donde la CSU de Baviera predijo que los búlgaros y los rumanos se trasladarían en masa al país a partir del pasado 1 de enero para solicitar beneficios sociales. Otros partidos políticos germanos denunciaron el lema de la campaña CSU, que dijo que los que hacen trampas deben irse. 

La consecuencia de este clima social y político fue el anuncio de restricciones en los beneficios sociales de los demandantes extranjeros de empleo. En referencia a la salida de médicos rumanos a Francia, Alemania y el Reino Unido, el Gobierno de Bucarest ha asegurado que en lugar de quejarse de los inmigrantes rumanos, los países más ricos de la UE deberían compensarles por la fuga de cerebros. Alrededor de 14.000 facultativos rumanos trabajaban en 2013 fuera de su país, frente a los 13.000 que prestan sus servicios en Rumanía. El salario que recibe un médico rumano en su país es una décima parte del que pueden obtener en cualquiera de los estados más ricos de la Unión, si trabajan en turnos de noche. Esta “fuga de cerebros” ha dejado muchas zonas rurales de Rumanía sin atención médica. 

El artículo 48 del Tratado de Roma de 1957 confería a los ciudadanos de los países miembros el derecho a circular libremente dentro de la UE en busca de trabajo y en igualdad de condiciones con los residentes locales. El Reglamento 1612/68 desarrolló este principio fundacional de la UE prohibiendo la discriminación contra los emigrantes intracomunitarios. Tan sólo se fijaban restricciones en el sector público, donde los gobiernos pueden reservar puestos de trabajo para los ciudadanos locales. De acuerdo a estos principios, los ciudadanos intracomunitarios y sus familias tienen derecho a obtener un permiso de residencia y de trabajo, así como a recibir servicios públicos como la educación y la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los locales. Uno de los casos más flagrante de incumplimiento de esta normativa es el de Suecia. 

En la práctica, la limitación de los derechos de los demandantes extranjeros de empleo es una nueva vuelta de tuerca a la vulneración de esos principios fundacionales de la UE. Y en particular, al de la libertad de movimiento, restringida de facto por las mencionadas medidas, en tanto que desalientan a los comunitarios a buscar mejores condiciones de vida en países vecinos. 

El 10 por ciento de los residentes en la Unión Europea son inmigrantes, de acuerdo a las cifras que manejaba este organismo en 2012. Y al menos un tercio de esos cincuenta millones de emigrantes, proceden de países de la propia UE. Tres cuartas partes de esos cincuenta millones de inmigrantes que viven en la UE residen en Alemania, España, Italia, Reino Unido o Francia.

© Diásporas | Público 2014

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