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Fotografía superior. Manifestación de rumanos y búlgaros en Londres (enero de 2014). "No somos inmigrantes, sino ciudadanos de la Unión Europea", rezaban las pancartas. Imagen por David Holt (bajo licencia Creative Commons).

14/05/2014 | UKIP y los conservadores británicos tendrán que revisar a la baja sus profecías del Armagedón. El número de rumanos y de búlgaros que trabajan en el Reino Unido ha caído ligeramente durante los tres primeros meses de este año a pesar del levantamiento de las restricciones que se imponían a los emigrantes de ambos países para buscar trabajo en Gran Bretaña.

Londres / Madrid | 
Ferran Barber | Diásporas | Público
Los datos hechos públicos por la Oficina Nacional de Estadística británica indican que el número total de trabajadores búlgaros y rumanos se ha incrementado durante los últimos doce meses un 26 por ciento, pero desmienten inequívocamente que la apertura de sus fronteras a los ciudadanos de ambos países vaya a provocar la llegada en avalancha de miles de trabajadores. En contra de los vaticinios de los partidos de derecha, el número total de emigrantes de Rumanía y Bulgaria censados en Gran Bretaña se ha reducido de 144.000 a 140.000, desde el 31 de diciembre de 2013 al 30 de marzo de 2014. En otras palabras, el apocalipsis migratorio se ha cancelado o demorado.

Este hecho es relevante porque la inmigración se ha convertido en una de las armas arrojadizas predilectas de las formaciones políticas británicas. Buena parte de las escaramuzas públicas que libran los partidos en vísperas de las elecciones europeas gira en torno a la llegada de trabajadores extranjeros y a la supuesta influencia que ésta tiene en el mercado nacional de empleo y en la maltrecha economía del país. Tanto el Partido Conservador como UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido), coinciden en culpar al "extranjero pobre" de sus males domésticos y animan a los electores a entregarles sus votos con promesas explícitas de cerrar las puertas del país al inmigrante.

En el caso de UKIP; el tema de la inmigración no sólo ocupa un lugar prominente: lo llena todo. Al igual que el resto de ultranacionalistas europeos, el partido de Nigel Farage está visceral y exclusivamente consagrado a alimentar los prejuicios contra los extranjeros pobres. Toda la artillería electoral diseñada por esta formación euroracista gira en torno a las supuestas amenazas de la inmigración y presenta esencialmente a los trabajadores de la Europa del Este como un puñado de saqueadores de su sistema de protección social y sus empleos.

Estos planteamientos abiertamente xenofóbicos han sido también incorporados, bajo formas cada vez menos veladas, al discurso de los conservadores y al del grueso de los medios de comunicación que los sustentan. Tal es así, que el partido de David Cameron ganó las elecciones de 2010 gracias al compromiso de reducir la migración neta a Gran Bretaña de cientos de miles de personas a menos de 100.000 en 2015. En cumplimiento de sus promesas, el primer ministro británico apadrinó a finales del pasado año la introducción de una nueva regulación parlamentaria que reduce las prestaciones sociales a los trabajadores intracomunitarios.

Cameron adujo en su momento para justificar la decisión que tan sólo tratan de “dificultar la entrada de aquellos inmigrantes que pretenden vivir a costa de las arcas públicas”. En la práctica, se ha dificultado indiscriminadamente la entrada de todos los trabajadores pobres. Y considerando que el primer ministro no ha precisado nunca la manera en que el Gobierno británico va a establecer diferencias objetivas de trato entre los extranjeros "bienintencionados" y los "cacos sin escrúpulos que intentan robarles sus subsidios", ha de darse por hecho que su partido ha dejado la Justicia en manos de un poder más alto: "Mátalos a todos y Dios ya elegirá a los suyos".

Los recortes mencionados entraron en vigor coincidiendo con el levantamiento de las restricciones para la entrada de búlgaros y rumanos. Fue una regulación parlamentaria creada a la medida del apocalipsis migratorio que hoy las cifras desmienten. Desde el pasado 1 de enero, los trabajadores europeos han perdido el derecho a percibir un subsidio de desempleo de 84 euros semanales durante sus tres primeros meses de estancia en el país. Asimismo, los extranjeros carecen ahora de derecho a reclamar una ayuda para vivienda en tanto no encuentran un trabajo. Cualquier persona que haya sido expulsada del país por mendicidad o falta de recursos, está forzada a permanecer un mínimo de un año fuera del Reino Unido, antes de que se le autorice a entrar de nuevo.

Tanto el gobierno búlgaro como el rumano estimulan la emigración a países más ricos de la eurozona para hacer frente a sus problemas económicos.
 Dado que la mayoría de estos emigrantes son jóvenes y se encuentran en edad laboral activa, los informes realizados por la Administración británica demuestran que han traído más beneficios que problemas. Lo que los europeos del Este pagan en impuestos es mucho más de lo que reciben en concepto de prestaciones sociales.

© Diásporas | Público 2014

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