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19/05/2014 | El Gobierno de Qatar se ha comprometido a modificar las controvertidas leyes laborales que regulan las condiciones de trabajo de los inmigrantes contratados para realizar las obras del Mundial de Fútbol de 2022. En respuesta al aluvión de críticas internacionales originado en 2013 por un informe de Amnistía Internacional (AI), los funcionarios del Gobierno aseguran ahora que están completamente decididos a reemplazar los elementos “clave” del sistema de contratación kafala. Esta normativa laboral ata al empleado a su patrón en un régimen de semiesclavitud y permite maltratar a los trabajadores con total impunidad. 

Barcelona | Ferran Barber | Diásporas | Foto: Ferran Barber
Dos de los cambios más significativos del borrador de ley que maneja el Gobierno de Qatar para transformar sus leyes medievales plantean la posibilidad de hacer menos difícil que los trabajadores extranjeros abandonen el país y muden de trabajo. “Vamos a abolir el sistema kafala y lo vamos a reemplazar por una relación contractual entre el empleado y el empleador. Nuestra intención es eliminar también completamente los visados de salida”, indicaron responsables del Ministerio qatarí de Interior.

De acuerdo a este nuevo marco legal, los empresarios deberían presentar pruebas concluyentes de las objeciones que planteen para que uno de sus trabajadores abandone el país. Las disputas que eventualmente puedan originarse deberían ser resueltas en un plazo no superior a tres días. 


Otros cambios posibles que incluye el borrador son la concesión de prestaciones sociales para los contratados y la imposición de sanciones a las compañías que incumplan sus obligaciones. A juicio de los observadores internacionales, la utilidad de estas medidas dependerá de que los cambios se implementen estricta y rigurosamente. Y que tal cosa suceda es improbable, a juzgar por la experiencia.

Las reformas están basadas en las recomendaciones realizadas por una firma londinense (DLA Piper). Los auditores británicos fueron contratados el pasado otoño para revisar las leyes laborales qataríes en respuesta al escándalo que desencadenó el informe de AI y varios reportajes de investigación, no menos escabrosos, publicados por The Guardian. La compañía ha tenido un equipo de diez personas trabajando seis meses sobre el terreno en la elaboración del estudio.

Tal es el descrédito internacional del Gobierno de Doha, que los activistas de Derechos Humanos ni siquiera consideran la posibilidad de que se adapte realmente la normativa laboral a las recomendaciones de la auditoría jurídica. El problema, uno de ellos, es que la reforma que pretende introducir el emirato qatarí deberá ser ratificada por el consejo de la Shura, y es obvio que los empresarios del país se opondrán rabiosamente a que se les desposea de sus privilegios feudales. 


Según las organizaciones de Derechos Humanos, lo más probable es que los gobernantes del emirato se limiten a realizar pequeñas modificaciones cosméticas para salvar la cara ante la galería. “Cambiarán el nombre de la ley para acallar las críticas y las cosas seguirán exactamente igual que hasta la fecha”, sostienen los responsables de Amnistía Internacional.

Qatar tiene una comunidad de expatriados de 1,39 millones de personas, la cual constituye más del 85 por ciento de la población total. No hay otro país en el planeta con una proporción tan elevada de inmigrantes. De entre esos extranjeros, la comunidad más numerosa es la india, con medio millón de personas. Existen también grandes contingentes de trabajadores procedentes de Pakistán, Nepal, Bangladesh y las Filipinas.

Oficialmente, Qatar no es solamente el país más rico del mundo. También es el estado más dependiente de la mano de obra foránea. Veinte emigrantes llegan cada hora a este pequeño territorio para pasar a formar parte de su maltratada fuerza laboral. Esta gran comunidad de expatriados procedentes de paupérrimos países asiáticos es uno de los elementos más desestabilizadores de la sociedad del emirato.

Tal y como denunciaba el mencionado informe de Amnistía Internacional ('La cara oscura de la migración: El sector de la construcción en Qatar de cara al Mundial de Fútbol'), la mayor parte de estos extranjeros vive en condiciones de semiesclavitud. Trabajan siete días a la semana, durante jornadas interminables y a temperaturas que frisan los cincuenta grados. La lista de las injusticias que padecen es casi inagotable: duermen en barracones; carecen a menudo de comida y son privados con frecuencia incluso del salario. Ni siquiera tienen derecho a abandonar el país cuando lo desean porque a todos los efectos, no son dueños de sus vidas.

El sistema que legitima estas prácticas lleva por nombre kafala. Con arreglo a esa normativa, cada trabajador tiene un patrón –persona o empresa- que dispone de él como de una posesión. Así, por ejemplo, es responsabilidad del patrón tramitar el permiso de residencia y la tarjeta de salud de los trabajadores, lo que deja enteramente al inmigrante en manos de sus empleadores.

Ni existen cauces legales para que los trabajadores denuncien los excesos de los que son víctima ni se producen inspecciones. Menos aún existen sindicatos que velen por las condiciones de trabajo. Numerosas subcontratas de multinacionales occidentales están contribuyendo a perpetuar estos abusos. Amnistía Internacional documentó en su informe diferentes denuncias de los trabajadores de PCSI Specialties Qatar, una empresa que trabaja con Hyundai o con la constructora española OHL.

Tan cierto es que Qatar trabaja ahora a marchas forzadas en la construcción de los proyectos urbanísticos vinculados al Mundial de Fútbol, como que el problema de la esclavitud es anterior a ese evento deportivo y común a otros países del mismo entorno geopolítico. Muchas de las obras en las que se han detectado abusos se pusieron en marcha antes de que se concediera a este país la organización del Mundial. 


Por otro lado, la explotación laboral no afecta únicamente al sector de la construcción. La situación aún es peor cuando se analizan las condiciones en las que desarrollan su trabajo los empleados domésticos, un sector que ocupa en el país a 130.000 personas, en su mayoría filipinas.

© Diásporas 2014

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