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17/05/2014 | O el número de millonarios capaces de comprar una casa de medio millón de euros es insignificante, o a los extranjeros no les interesa lo más mínimo adquirir un permiso español de residencia. Pero lo cierto es que al Gobierno español no le ha salido la jugada de los permisos VIP de residencia. Menos de un centenar de personas obtuvieron el año pasado el derecho legal a vivir en nuestro país por este medio.

Madrid | Víctor Gandía | Diásporas | Foto: Público
Los llamados visados “exprés” o “Golden visas” plantean desde su creación una desigualdad estructural en el sistema jurídico que consiste, esencialmente, en discriminar positivamente a las personas con recursos, a la hora de conceder la residencia en nuestro país. Nada de rellenar documentos en las colas de las comisarías o acreditar detalles insignificantes acerca de los vínculos con el Estado español. La llamada “Golden visa” se obtiene esencialmente a golpe de talonario. El exclusivo colectivo de la gente de recursos puede transitar por este atajo en varios supuestos: adquirir una vivienda de un valor superior de medio millón de euros, gastar dos millones en deuda pública, invertir un millón en depósitos o acciones o impulsar proyectos empresariales.

El visado en cuestión no incluye el permiso de trabajo, pero tampoco obliga a residir en España, aunque fuerza a visitar el país una vez al año. Además, garantiza la libertad de movimientos en el espacio Schengen, lo que de entrada parecía un reclamo poderoso para muchos ciudadanos de fuera de la eurozona. Sobre el papel, el Gobierno aseguraba que iba a ser un incentivo muy notable de la inversión productiva. De hecho, otros países como Gran Bretaña, Grecia o Portugal han aprobado paquetes de medidas semejantes.

A la hora de la verdad, esta decisión controvertida ha resultado un fiasco. Visto fríamente, el Gobierno español ha bailado sobre la tumba del principio de igualdad que debería sustentar nuestro marco jurídico sin lograr ninguno de esos beneficios que maquiavélicamente se proponía obtener. Con arreglo a los datos de los registradores de la propiedad, tan sólo 81 personas se acogieron el pasado año a este procedimiento para adquirir el derecho a vivir en nuestro país. La mitad de ellos eran de origen ruso y chino. En términos porcentuales, sólo el 4,7% de las compraventas realizadas por extranjeros superaron el importe del medio millón de euros. En 2012, este porcentaje fue del 5,2 por ciento.

Lo que sí se ha incrementado notablemente es el número total de viviendas adquiridas por extranjeros. De hecho, no ha dejado de crecer desde el comienzo de la recesión. En 2013, once de cada cien inmuebles adquiridos fueron a parar a manos de foráneos. En total, los extranjeros compraron 36.600 viviendas. Nunca antes se había registrado una cifra semejante. A juzgar por estas cifras, el colegio de registradores considera que es obvio que la presencia de extranjeros es un factor muy significativo de la dinamización del mercado inmobiliario.

La crisis no sólo ha incrementado el número de viviendas adquiridas por extranjeros. También ha modificado sustancialmente el perfil del comprador. Antes del desplome de nuestra economía, la mayoría de las viviendas eran compradas por expatriados que se desplazaban a España a trabajar. Ahora, la mayoría son compradas para su disfrute turístico. El notable descenso de los precios ha multiplicado las gangas, y al calor de las oportunidades, han acudido ciudadanos de los países menos afectados por la recesión. Lo que los registradores no han especificado cuántas de estas operaciones tenían una finalidad especulativa.

Por nacionalidades, los británicos siguen siendo los ciudadanos extranjeros que más viviendas compran en España (un 15,1 por ciento del total), seguidos de los franceses, los rusos, los belgas, los alemanes, los suecos, los noruegos, los italianos, los argelinos y los chinos. Por zonas, la demanda de vivienda se concentra en las islas y la Costa Mediterránea.


© Diásporas 2014

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